Luego de que el juez de El Bolsón Marcelo Muscillo hiciera lugar a un amparo colectivo para implementar la consulta previa a las comunidades originarias, en A Flote charlamos con Orlando Carriqueo, Werken de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche. “Es un fallo que marca precedente y pone en jaque y en tensión todos los proyectos extractivistas en la provincia de Río Negro“, indicó.
“La herramienta es la consulta, pero lo que tiene que decidir la comunidad es si va a consentir o no un proyecto de características contrarias a la cosmovisión de un pueblo en su territorio comunitario“, sostuvo Carriqueo. El fallo da lugar a la prohibición de los avances en la exploración, prospección, cateo o explotación en el sur de la provincia y también instruye al gobierno de Arabela Carreras a establecer un mecanismo para garantizar el consentimiento libre, previo e informado respecto de los proyectos mineros en los territorios de las comunidades.
El amparo colectivo fue presentado por las comunidades Newen Ñuke Mapu, Ancalao, Mariano Solo, Amulen Che, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y Lofche Pulam Lafken. “Esta consulta es vinculante porque se trata de los territorios que han sido en muchos casos reconocidos por el mismo Estado pero que figuran como tierras fiscales: la realidad es que ahí viven muchas familias mapuche-tehuelche que están organizadas en comunidades o que las asiste el derecho por ser poblador disperso”, explicó.
“Es una sentencia de gran valor que esperamos se haga efectiva aunque el gobierno quizás la apele. Ya estamos recorriendo el territorio para exigir a cada empresa que esté en territorio comunitario que se retire hasta tanto se lleve adelante una consulta, para lo cual también hay que trabajar“, añadió.
Además, Carriqueo dio su visión sobre el debate público que se instaló en los medios alrededor de la reubicación de la estatua de Julio Argentino Roca en Furilofche y que involucró a figuras políticas de alcance nacional. “A la discusión le falta empezar a hablar del genocidio indígena. Eso conlleva a una discusión identitaria, sobre el racismo estructural que tiene Argentina, la discusión sobre la necesidad del acceso a la tierra de las comunidades y de la gente en las ciudades que no tiene acceso”, dijo.
“También implica discutir la idea de que la sociedad argentina viene de Europa. Nosotros como país no somos distintos a otros países del Abya Yala o Latinoamérica. Acá en la Patagonia el Estado y la gente huinca llegó hace 145 años, y tardó 50, 70, 80 años en repartir el territorio, en parcelarlo, demarcarlo, en poner alambrados, rompiendo una articulación que estaba presente en un territorio colectivo”, expresó Carriqueo.
“Eso significó mucha violencia estatal, no solo la Campaña del desierto en sí, sino luego la policía fronteriza, las policías provinciales, la justicia despojando del territorio a las familias. La meseta de Somuncura fue un espacio de protección de muchas familias que escaparon del primer campo de concentración de Valcheta. Muchos no saben que los campos de concentración no nacieron en el año 1976, los primeros fueron durante la Campaña del desierto. Eso que hizo el ejército en 1976, que tanto le duele a la sociedad, ya lo había hecho con los pueblos indígenas, y eso es lo que hay que empezar a discutir si queremos tener una sociedad distinta”, agregó.
“Tiene que haber una discusión más profunda para que la estatua de Roca, los nombres de Roca en las calles o ciudades, y de otros muchos como Rauch o Ataliva Roca caigan por su propio peso histórico, y para eso hace falta debate, conocer la verdadera historia y reconocerla“, concluyó.
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