“Esto se podría haber evitado si la respuesta política del Estado fuera el diálogo”

El juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, en el que están siendo juzgados cinco prefectos que participaron del operativo represivo en Lof Lafken Winkul Mapu el 25 de noviembre de 2017, está llegando a su final en Fiske Menuco. Esta semana comenzaron los alegatos finales, en los que el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió solo cinco años para los imputados y habló de “legítima defensa”. En A Flote dialogamos con Gioia Claro, periodista que participa de la cobertura colaborativa de Revista Cítrica e Infoterritorial.

Luego de meses de pruebas contundentes generó sorpresa y bronca que el fiscal continúe la imputación inicial de la fiscal original que era Sylvia Little, quien instala la teoría del enfrentamiento con legítima defensa”, explicó Gioia. Durante el juicio la inspección ocular fue determinante para establecer que los disparos fueron en ascenso (se trata de los 151 disparos de balas de plomo por parte de los prefectos).

No se entiende, es muy arbitraria la argumentación. Para el fiscal se trató de una desobediencia por parte de los prefectos. Los califica de cinco improvisados que se encuentran de repente en una situación de agresión”, relató Gioia. La Secretaría de DD.HH. y la querella que conforma la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos habían pedido prisión perpetua para los acusados, los miembros del grupo de élite Albatros formado por Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García.

Esto se podría haber evitado si la respuesta política a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, a las reivindicaciones del pueblo mapuche fueran tomadas por el Estado con diálogo y ajustado a derecho. Un diálogo político que al día de hoy no se establece”, sostuvo Gioia.

“Recordemos que la mesa de diálogo respecto al rewe de la Machi en la comunidad todavía está incumplida. El Estado desoye sus propios acuerdos“, agregó.

Respecto a las expectativas sobre la sentencia, Gioia afirmó que “sería histórico que el sistema judicial tomara la mirada de la querella (de enmarcar el asesinato como un hecho de violencia institucional y producto del odio racial) y reconociera su propio racismo estructural”, indicó Gioia.

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